Sábado, 26 Agosto 2017 16:15

Se Debe Resarcir el Daño Patrimonial al Estado

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  • Necesario Transparentar Actuación de Odebrecht en Michoacán
  • Secretario de Fomento Económico Pide se Actué en Consecuencia.

De ser el caso, por daño patrimonial al Estado, debe actuarse en consecuencia contra quienes participaron en la construcción de la presa J. Múgica durante las administraciones de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, señaló el Secretario de Fomento Económico, Jesús Melgoza Velázquez.

Tras la revelación de que la constructora brasileña Norberto Odebrecht pagó sobornos para construir la presa J. Múgica, Melgoza Velázquez externó, “Aquí en efecto hizo una obra que yo creo que las auditorías correspondientes están llevando a cabo, no conozco a detalle cual fue la situación, pero como ciudadano michoacano creo que eso no  debería de suceder y si fuera el caso, debería de tener el trato correspondiente que es el resarcimiento de lo que haya afectado el patrimonio del estado”. Expresó.

Subrayó que por lo general, no solamente esa obra, todos los funcionarios públicos deberían estar sujetos al escrutinio y al análisis de trasparencia y obligarlos a cumplir con la ley, “quien no lo haga tendrá que acatar las consecuencias”.

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El escándalo involucra funcionarios públicos y privados quienes dispusieron de pagos para el proyecto hidroeléctrico “PH Michoacán” que se realizó en tierra caliente, de acuerdo con la Fiscalía brasileña dentro del expediente dado a conocer por la División de Operaciones Estructuradas, quienes entregaron en junio del presente año un conjunto de documentos a la Procuraduría General de la República (PGR) de México.

En dichas investigaciones figura el Grupo GS Energía Tron, del empresario Alonso Gómez Sáenz. quien hoy abandera la “Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán”, por sus siglas, FUCIDIM, organización con la que presuntamente brinda espacio a los ciudadanos, en contra de organizaciones civiles y del  gobierno que no cumplen con su correcto cometido.

La presa J. Múgica, como muchas otras en Michoacán, se licitó sin apegarse a la Ley de Obra Pública, pues la construcción de la Presa  J. Múgica fue contratada con Lázaro Cárdenas Batel, para la cual inicialmente había pláticas con la Comisión Nacional del Agua (CNA) con quienes manejaban un costo de 600 millones de pesos.

Sin embargo “por muy buenas relaciones políticas” el estado contrató a la empresa brasileña Odebrech que vino a Michoacán y con un proyecto de llave en mano se la otorgaron por 1500 millones de pesos.

Todo comenzó el 25 de agosto de 2006, cuando fue lanzada la convocatoria de licitación pública para construir la presa y la infraestructura necesaria que permitiera llevar agua a dos módulos de riego en la región de Tierra Caliente, misma que sufría de recurrentes sequías.

La obra fue asignada el 6 de noviembre de 2006 por un monto de mil 500 millones 828 mil 147.31 pesos, pese a que se carecía de autorizaciones federales el contrato fue adjudicado tres semanas después en licitación pública con el número CEAC/NE/LP/001/06 por el coordinador de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Vallejo Esquivel, con Fernando Antonio Costa Martins y José Vito Facciola Junior, representantes legales de Odebrecht.

El aval ante la Comisión Nacional del Agua (CNA) lo tramitaron seis meses después, en mayo de 2007 y a un año de haberse firmado, en diciembre de 2007, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió aprobación de manifestación de impacto ambiental.  El permiso de construcción con número 3769 lo consiguieron con fecha 5 de marzo de 2008.

En septiembre de 2009 –cuando la obra ya debía haber sido terminada– la CNA otorgó la concesión del uso de la zona federal del Río Marqués sobre el que se construiría la presa. Para octubre de 2010 se construía sin proyecto ejecutivo de ingeniería que garantizara la estabilidad y el buen funcionamiento de la citada presa. Tantas fallas alentaron al gobierno del estado  con Leonel Godoy Rangel, al frente, la propuesta de venderla.

El entonces secretario de finanzas y administración del gobierno de Michoacán, Humberto Suárez López, informó que llevaban invertidos 2500 millones de pesos. Por lo que los legisladores priísta pidieron a la Auditoría Superior de Michoacán cuentas claras de ésta situación, justo cuando la estaban ofreciendo para recuperar supuestamente un crédito que estaban solicitando.

Pese a que las estadísticas reflejan el alto índice de desempleo en Michoacán, entregaron el proyecto a la empresa extranjera, “con obras de tal magnitud se pueden enterrar en los cimientos cantidades importantes de dinero”, denunció en su oportunidad el legislador priísta, David Huirache Béjar.  

La construcción de la presa debió concluir en octubre de 2008 con un costo de 1,500 millones de pesos, pero el gobernador Leonel Godoy, otorgó ampliaciones a la constructora brasileña por 1,415 millones de pesos, con lo que el costo de la obra se incrementó 95% es decir, 2 mil 862 millones 820 mil 696.21.

Cuando Godoy llegó al poder, uno de sus objetivos fue concluir la presa “Francisco J. Múgica”. Para lo cual, ordenó eludir el proceso de licitación de un nuevo contrato a Odebrecht, mediante un acuerdo gubernamental emitido el 14 de julio de 2009.

Dicho acuerdo autorizó adjudicar en forma directa a la constructora brasileña dos obras complementarias de la presa: la construcción de una planta hidroeléctrica y un sistema de riego, con una inversión de 813 millones 366 mil pesos. Al día siguiente de la publicación del acuerdo gubernamental, se firmó el contrato con los representantes legales de Odebrecht, Antonio Costa Martins y Vito Facciolla.

Una vez más, el contrato fue a precio alzado bajo nuevamente la modalidad “llave en mano”, lo que significaba que no se podía modificar ni el costo ni el plazo de ejecución. Para este nuevo contrato acordaron las partes concluir la obra en 900 días naturales, a partir del 15 de julio de 2009. El 3 de junio de 2010, Odebrecht solicitó al gobierno adecuar el contrato original de construcción de la presa, con el argumento de que habían realizado obras no incluidas en su oferta inicial.

El ajuste fue por 601 millones de pesos, de los cuales el 73% era para trabajos complementarios en la presa y el 27% de obras de conducción y canales. Con este ajuste, el costo de la obra hidráulica ya se había duplicado, al pasar de mil 500 millones de pesos a 2 mil 915 millones.

Además, del contrato adicional de la hidroeléctrica y de las obras complementarias de riego que fijaron como plazo enero de 2012. Finalmente fue entregada hasta 2013, dos años después de haber sido inaugurada por Leonel Godoy el 5 de febrero del 2011.

Godoy dejó la gubernatura en febrero de 2012 y la construcción de la citada presa concluyó en 2013, ya durante el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa quien se negó a recibir ésta obra, toda vez que consideró se violaron los procesos de licitación, contratación y entrega.

En 2015 la Auditoría Superior de Michoacán informó que se realizaron pagos en exceso por una obra de mala calidad, motivo por el cual la fiscalización mantuvo detenidos los trabajos según instrucciones del auditor superior José Luis López Salgado.

El órgano fiscalizador apuntó que en la adjudicación se incurrió en varias faltas a las leyes, además de que creó una dependencia nueva denominada Comisión para el Desarrollo Económico y Social de la Tierra Caliente (Codestec), para todo lo relacionado en la que se designó a Gabriel Mendoza Jiménez en carácter de director general en la coordinación.

Hoy, la Fiscalía que investigó el escándalo de corrupción Odebrecth, detectó un acuerdo para cobrar una comisión de 0.5% sobre un financiamiento de 394 millones 250 mil dólares para la construcción de la presa, lo cual fue ratificado con la confesión ante las autoridades brasileñas de Marcelo Odebrecht al referir el contrato entre Odebrecht y la consultora DM para el proyecto hidro-agrícola de Michoacán el cual se firmó el 18 de junio de 2010 en Sao Paulo, Brasil.

Los servicios que ofrecería la consultora serían para el desarrollo de infraestructura de un sistema de irrigación, generación de energía eléctrica y la gestión ante el BNDES del financiamiento necesario para ejecutar la obra. El BNDES de Brasil designó a Odebrecht el crédito por los 394 millones 250 mil dólares para el proyecto hidro-agrícola.

El expediente de la Fiscalía brasileña en el que aparece la referencia de presuntos sobornos en Michoacán, incluye documentos con detalles de transferencias bancarias realizadas a través de la empresa offshore Klienfeld Services Limited, que tiene su base en Antigua y Barbuda, del Caribe.

Uno de los operadores de las cuentas de Klienfeld era Fernando Migliaccio ‘Waterloo’, el personaje que recibió de ‘Tumaine’ un informe de dos transferencias realizadas en 2010 para una obra hidráulica en Michoacán. Migliaccio colaboraba para la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y fue detenido en Suiza en febrero de 2016, cuando intentaba transferir activos ilegales.

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