Miércoles, 13 Junio 2018 19:41

Ley del Seguro Popular evitará que programa se use como la ‘caja chica’ de los gobiernos

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Para evitar que los recursos del programa Seguro Popular se desvíen para destinarse a otros rubros, la candidata del PRI al senado de la República, Xóchitl Ruiz González, anunció que propondrá desde la Cámara Alta del Congreso de la Unión, la Ley General del Seguro Popular, con lo que se busca dar certeza presupuestal al esquema que atiende la salud de millones de mexicanos en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Conforme a datos oficiales, dijo que en Michoacán el padrón de afiliados supera los 2.3 millones de personas y a pesar de la enorme relevancia que tiene este programa, actualmente carece de normas claras que regulen su operatividad.

El ordenamiento jurídico que hoy proponemos, explicó la aspirante senatorial, pretende garantizar mayor transparencia en la aplicación de los recursos y por otro lado ampliar el catálogo atención a los derechohabientes que se han quejado de lo limitado que resulta el esquema de atención de enfermedades o padecimientos.

Xóchitl Ruiz, mencionó que la Ley General del Seguro Popular permitirá que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) defina recursos suficientes en forma anual para que no haya pretexto y se atiendan las enfermedades de las familias que menos tienen.
Además, esta ley, señaló la candidata al senado, contempla los mecanismos de financiamiento, a través del Fondo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal en lo que respecta al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; por lo que no habría la necesidad de elevar burocracia, ni restaría fondos a los estados.

Hoy en día, este programa federal, respondió ante los cuestionamientos, “opera a través de convenios con los estados, lo que deja abierta la puerta para que sus fondos vayan a parar a la licuadora financiera –como ocurre en varios estados- o se conviertan en la caja chica de las autoridades que los operan”.

Del análisis de esta propuesta, destacó Xóchitl Ruiz, también surgió la idea de impulsar todo un capitulado de derechos y obligaciones de la Federación, estados y municipios para garantizar el abasto de medicamentos en las unidades de salud, lo cual robustece el objetivo central del programa, “protege a los derechohabientes” y obliga a la autoridad a cumplir con su deber en materia de salud.

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